Gobierno de Sinaloa destina más de 1.3 millones de pesos para remodelar oficinas del secretario de Agricultura

El gobierno de Sinaloa ha generado polémica luego de anunciar un contrato por más de 1.3 millones de pesos para la remodelación de las oficinas del secretario de Agricultura, Ismael Bello Esquivel. El contrato, que se firmó con la Secretaría de Obras Públicas, no solo ha captado la atención por su monto inicial, sino también por la posibilidad de que el costo final supere los 1.5 millones de pesos si se incluye el IVA.

De acuerdo con el documento oficial, el monto base para la remodelación es de $1,374,724.28 pesos. A este se le debe añadir un 16% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que eleva el total a $1,594,680.16 pesos. El contrato establece un plazo de 45 días naturales para la ejecución de los trabajos, que comenzaron el 29 de octubre de 2024 y deberán estar finalizados antes del 12 de diciembre del mismo año.

La empresa adjudicada para llevar a cabo las obras es Luis Fabián Armenta Espinoza, quien ha sido encargada de realizar la remodelación bajo la supervisión de la Secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, lo que ha levantado más controversia es la cuantía de este contrato, especialmente en un momento en que el gobierno de Sinaloa enfrenta críticas por la administración de recursos públicos. Además, el contrato especifica que, en caso de que el costo de las obras supere el presupuesto original, deberá existir un convenio previo entre las partes involucradas para aprobar cualquier aumento, lo que busca evitar el sobrecosto sin la debida justificación.

Este tipo de gastos, particularmente en momentos de austeridad y cuando la sociedad está muy pendiente del manejo de los recursos públicos, ha generado cuestionamientos en torno a la prioridad de estos trabajos, sobre todo cuando existen necesidades urgentes en otras áreas del estado. La remodelación de oficinas del secretario de Agricultura no ha sido vista como una necesidad urgente por parte de algunos sectores de la sociedad, lo que ha intensificado las críticas hacia la asignación de recursos para este tipo de proyectos.

A lo anterior se suma el contexto de crisis fiscal por el que atraviesa el estado. Actualmente, el gobierno de Sinaloa está siendo investigado por un adeudo millonario ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que ha incrementado la presión pública sobre la administración estatal para justificar el uso de los recursos financieros. La controversia sobre este contrato llega en un momento sensible, ya que se espera que el gobierno tome decisiones más responsables con el gasto público y sea más transparente en la asignación de fondos.

Las críticas también apuntan a la necesidad de priorizar los recursos en áreas como salud, educación e infraestructura básica, sectores que enfrentan desafíos de financiamiento y cuyas carencias son palpables en diversas regiones del estado. En este contexto, algunos ciudadanos y actores políticos han expresado su preocupación por la falta de justificación de este tipo de inversiones, mientras las demandas sociales continúan creciendo en otras áreas del bienestar público.

El gobierno estatal ha defendido el proyecto como parte de la mejora de las condiciones laborales y de infraestructura administrativa, pero las dudas sobre la pertinencia y la magnitud del gasto siguen presentes. La ciudadanía espera más claridad y justificación en el manejo de los recursos públicos, particularmente en tiempos de austeridad y crisis fiscal.