¿Quién controla el agua en el campo mexicano? Realidades tras las concesiones rurales

¿Quién controla el agua en el campo mexicano? Realidades tras las concesiones rurales

En el campo mexicano, el acceso al agua define si una cosecha prospera o fracasa. Pero no todos los productores tienen las mismas oportunidades. Detrás de cada riego, pozo o canal hay un sistema de concesiones y autorizaciones que, más que equitativo, ha servido para concentrar el poder del agua en manos de unos cuantos.

Mientras miles de pequeños agricultores pelean por tener acceso mínimo al recurso, hay grupos —empresas agrícolas, industrias, inmobiliarias— que acumulan volúmenes desproporcionados. El problema ya no es solo de sequía: es de distribución, control y opacidad.

El sistema de concesiones de agua en México

Desde 1992, con la Ley de Aguas Nacionales, el uso del agua en México requiere una concesión o permiso otorgado por la CONAGUA. Esto aplica para uso agrícola, industrial, público-urbano o generación de energía.

En teoría, este sistema permite regular el recurso, proteger acuíferos y dar certeza jurídica. En la práctica, ha servido para legalizar acaparamientos, perpetuar privilegios y excluir a quienes no tienen recursos para hacer trámites o pagar estudios técnicos.

Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), más del 70% del volumen concesionado está en manos de grandes usuarios, mientras los pequeños productores deben conformarse con pozos escasos o aguas residuales.

El campesino que riega cuando puede

Para miles de ejidatarios y productores de autoconsumo, acceder al agua implica:

• Esperar turno en sistemas de riego colectivos saturados.
• Pagar por pipas o por uso temporal de pozos ajenos.
• Rogar por permisos temporales que a veces nunca llegan.

Esto limita su productividad, encarece los cultivos y genera una dependencia que va más allá del clima: se trata de una estructura legal que favorece a los que ya tienen más.

¿Quién sí tiene agua asegurada?

Las grandes empresas agrícolas —especialmente en el norte del país— han logrado concesiones millonarias, incluso para zonas con estrés hídrico. Inversionistas inmobiliarios también gestionan permisos para zonas rurales que luego urbanizan, modificando completamente el uso del agua.

Algunos casos documentados muestran cómo una sola empresa puede acumular más de 10 concesiones distintas, mientras comunidades enteras tienen que racionar el agua de una sola toma.

Y si el recurso se agota o se contamina, el pequeño productor es el primero en sufrir… y el último en ser escuchado.

El papel de la CONAGUA

La Comisión Nacional del Agua debería ser el árbitro del juego. Pero muchas veces actúa más como ventanilla burocrática que como regulador. La falta de inspección, los rezagos en digitalización y la carencia de voluntad política han dejado al sistema a la deriva.

Además, hay vacíos legales sobre la transmisión de derechos, lo que permite que particulares vendan o renten concesiones sin control efectivo. Esto ha creado un mercado gris donde el agua se vuelve mercancía.

Impactos ambientales del uso desigual

Cuando se sobreexplota un acuífero para mantener un monocultivo, el ecosistema entero se altera. Bajadas en el nivel freático, pérdida de humedales, desertificación y salinización de suelos. Todo esto ocurre mientras el riego sigue beneficiando a los mismos actores.

El uso intensivo también incrementa los conflictos entre comunidades, usuarios agrícolas y poblaciones urbanas. En estados como Chihuahua, Baja California, Morelos o Querétaro, ya hay enfrentamientos por el control de agua.

¿Qué pasa con los que no tienen concesión?

Muchos pequeños productores usan agua sin permiso, porque no tienen otra opción. Técnicamente están en la ilegalidad, aunque su consumo sea mínimo. Esto los deja vulnerables a multas, clausuras o extorsión de autoridades locales.

Además, sin concesión no pueden acceder a programas de tecnificación, financiamiento o proyectos de captación. Es decir, se reproduce el círculo de desigualdad.

¿Qué soluciones existen?

1. Regular la concentración de concesiones

Se necesita una revisión profunda del REPDA para identificar acaparamientos, transferencias irregulares y concesiones ociosas. No es justo que algunos acumulen agua que no usan mientras otros no pueden sembrar.

2. Simplificar trámites para pequeños productores

La solicitud de concesiones debe adaptarse a la realidad del campo. Formularios digitales, acompañamiento técnico, reducción de costos y plazos razonables. Muchos no solicitan agua porque el trámite parece inalcanzable.

3. Promover gestión comunitaria del agua

Los sistemas colectivos de riego y captación pueden fortalecerse con reglas claras, transparencia y participación real. El agua debe volver a ser bien común, no privilegio de pocos.

4. Priorizar el uso agrícola sobre el urbano-comercial

En regiones rurales, la disponibilidad debe enfocarse en la producción de alimentos, no en fraccionamientos o centros comerciales que distorsionan el paisaje y elevan la demanda artificial.

El agua no alcanza… pero sí sobra el abuso

México no necesita más megaproyectos hídricos. Necesita justicia en el acceso. Porque mientras unos siembran con riego por goteo, otros siguen regando con cubetas. Y no porque falte agua, sino porque faltan reglas justas y voluntad para aplicarlas.

El futuro del campo pasa por el agua. Y si no se ordena su distribución, no habrá reforma agraria, innovación ni apoyo que baste. El agua debe regresar a la tierra… y a quienes la trabajan.